Foto3El presente artículo aborda la necesidad de que los municipios se planteen medidas prácticas y profundas para sumarse al reto colectivo de lucha contra el cambio climático, tanto en materia de reducción de emisiones como de adaptación a los impactos.

La humanidad afronta en esta primera década del siglo XXI importantes retos relacionados con el modelo de sociedad, de producción y consumo y de bienestar, muchos de ellos de carácter global y que tienen que ver con la propia pervivencia o no de las bases que sustentan el desarrollo humano. Sin duda alguna, el cambio climático es uno de ellos.

Este reto supone un desafío importante a nivel político, económico, social, cultural, ambiental y tecnológico, y tiene dimensiones globales en cuanto a los efectos e impactos que conlleva. Esta escala global no implica, sin embargo, que las soluciones y respuestas tengan que ser exclusivamente internacionales. En primer lugar, porque a día de hoy el sistema multilateral de gobernabilidad del medio ambiente y de los bienes públicos globales tiene enormes debilidades que dificultan, aún hoy, una acción concertada de los niveles estatales e internacionales de gobierno. Y, en segundo lugar, porque los municipios han asumido en la última década un protagonismo importante en materia de sostenibilidad.

En este sentido, es evidente que los ayuntamientos representan una escala de gobierno necesaria (aunque no suficiente) en la lucha contra el cambio climático y es necesario activarlos ya mismo para contribuir, en la parte que les corresponde, a reforzar la actuación de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y los particulares.

Por un lado, la reducción de las emisiones de carbono tiene que convertirse, sin duda, en una prioridad en los planes de actuación ambiental de los municipios. Partiendo de inventarios reales sobre las emisiones en el municipio, es posible identificar ámbitos de actuación para mejorar la eficiencia energética municipal (en iluminación del espacio público, en la iluminación y calefacción de edificios públicos, en la ordenación energéticamente racional del suelo y de la movilidad, etc.) y buscar la utilización de fuentes de energía alternativa a los combustibles fósiles (utilización de nuevos combustibles limpios en las flotas municipales de vehículos, utilización de instalaciones de energía solar en edificios públicos, contratación de equipos informáticos y otros equipos electrónicos eficientes, etc.). También los ayuntamientos tienen amplia capacidad de actuación en materia de gestión de residuos, y pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de medidas de aprovechamiento energético de la biomasa o la generalización del uso de compostadores unifamiliares. Por último, no menos importante, los municipios tienen una responsabilidad fundamental en la sensibilización ciudadana. El cambio tecnológico es absolutamente necesario y primordial para promover reducciones a corto plazo, pero la creación de una nueva cultura de la energía será trascendental para dar lugar a nuevas generaciones más conscientes en las próximas décadas, y los municipios son el ámbito más cercano a los ciudadanos.

En este punto de la reducción de emisiones es necesario ser ambiciosos; existen municipios como Estocolmo o Vaxjö (Suecia) que se han propuesto ser ciudades libres de energías fósiles para 2050 y muchos otros están asumiendo objetivos de reducción y desarrollando proyectos innovadores. Se necesitan, por tanto, decisiones políticas ambiciosas para comprometer objetivos y poner en marcha actuaciones que supongan un cambio sustancial a corto y medio plazo.

Otro de los ámbitos de acción para enfrentarse al cambio climático y sus impactos, es el de la adaptación en aquellos sectores que los cada vez más precisos escenarios climáticos a nivel regional van identificando como vulnerables. Aquí los municipios tienen una capacidad de actuación menor a día de hoy, al menos por tres razones:

1. La definición concreta de los efectos en cada municipio está aún en un grado de avance muy inicial respecto al nivel de concreción que los municipios necesitarían para adaptarse en determinados sectores como, por ejemplo, la protección de la biodiversidad. Obviamente, en la medida en que los modelos de evaluación de vulnerabilidades vayan evolucionando, la necesidad de adaptación local irá aumentando progresivamente.

2. La gran mayoría de los municipios disponen de una capacidad presupuestaria y técnica limitada para atender un área de actuación que busca adelantarse a efectos que serán visibles en próximas décadas y no en el día a día, que es el factor que marca normalmente las prioridades de gestión de un ayuntamiento.

3. El sistema vertical de distribución de competencias entre los diferentes entes territoriales implica que gran parte de los sectores vulnerables escapen de la capacidad de actuación directa o del impulso inicial de los municipios. Este es el caso, por ejemplo, del sector de la salud pública, de los recursos hídricos o las infraestructuras.

A pesar de ello, los municipios pueden empezar a actuar ya principalmente en dos áreas: el urbanismo y la gestión del espacio público, y los planes de riesgos y emergencias. En ambos casos, pueden realizar ya labores de adaptación, incluso asumiendo ciertos niveles de incertidumbre sobre los efectos exactos y el nivel de gravedad de los mismos en diferentes localizaciones. Específicamente en materia de urbanismo, el South East Climate Change Parthership (organismo de colaboración de las instituciones locales del suroeste de Inglaterra) ha realizado un trabajo que puede resultar de interés, al preparar un documento de recomendaciones para la adaptación de la planificación urbanística al cambio climático: estrategias de abandono y defensa costera, actuaciones de protección de edificios históricos, adaptación de criterios de localización de actividades industriales y usos residenciales, adaptación del espacio público y las zonas verdes a las nuevas condiciones climáticas, etc.). Este tipo de recomendaciones pueden tener fácil reflejo en la revisión de los diferentes instrumentos de planeamiento de los municipios.

Existen, en definitiva, ejemplos a nivel mundial (y también cercanos) de municipios que han tomado su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, especialmente en países como Nueva Zelanda, Inglaterra o Canadá, mientras que a nivel europeo ciudades como Vaxjö, Hannover, Estocolmo, Woking Borough o Devon están desarrollando estrategias ambiciosas para contribuir desde lo local a la lucha contra el cambio climático. También en nuestro entorno se están dando avances (ciudades como Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Sevilla, Alcalá de Henares, Mataró, por ejemplo) y los municipios que cuentan con el apoyo de estrategias autonómicas de lucha contra el cambio climático (País Vasco, Andalucía, Cataluña,ナ) están en buenas condiciones de ponerse al frente en esta tarea y deben ser ambiciosos en sus planteamientos, al contar con programas de apoyo y marcos estratégicos para arropar la voluntad de liderazgo de quienes quieran situarse en primera línea de respuesta al calentamiento global. Sin descartar la necesidad de elaborar planes y estrategias municipales de lucha contra el cambio climático, que son necesarias desde luego para ordenar y planificar la actuación, es la hora de movilizar recursos, de transformar las formas de organizar la ciudad y de poner en marcha actuaciones energéticas en la escala local.

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