Fue en 1990 cuando se aprobó la Ley de Ordenación Territorial del País Vasco (LOT). Desde entonces y hasta la fecha la sociedad vasca (y su territorio) ha vivido la primera generación de la ordenación del territorio. Fue en 1997 cuando se aprobó las primeras Directrices de Ordenación Territorial (DOT) mediante el Decreto 28/1997 de 11 de febrero.

Si bien éste es un documento marco, un tanto genérico, también es relevante a la hora de redirigir la política territorial mediante sus directrices. Las DOT han establecido las reglas del juego, pero luego ha delegado en los planes de escala menor a la hora de concretar las medidas de ordenación más ligadas a zonas específicas del territorio.

Las DOT aprobadas en 1997 no han sido un documento rígido, también se ha modificado para ser adaptada a los cambios demográficos a lo largo de los años. Las DOT han sido revidadas desde el 2015 mediante un proceso que culminó con la aprobación definitiva de un nuevo documento el 30 de julio de 2019. Con éste comienza la segunda generación para la ordenación territorial. Esta más consciente de los retos climáticos y ecológicos y de la importancia de ordenar el territorio con criterios de sostenibilidad. En ellas se incluye la red de corredores ecológicos que conectan los espacios naturales realizada en 2005 y se promueve limitar el expansionismo urbanista, dejando atrás la cultura de depredación del suelo y de los recursos. Estos son los principios rectores que recogen las nuevas Directrices de Ordenación Territorial:

  1. Incorporar la infraestructura verde y valorar los servicios ecosistémicos en la ordenación del medio físico.
  2. Visibilizar de forma específica el hábitat rural en la ordenación territorial.
  3. Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación.
  4. Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo:
    1. la regeneración urbana
    2. la mixticidad de usos
    3. los perímetros de crecimiento urbano para evitar el crecimiento ilimitado
  5. Promover uso del suelo existente para las nuevas actividades económicas mediante:
    1. Regeneración
    2. Renovación
    3. Redensificación
  6. Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación territorial.
  7. Incorporar el concepto de gestión sostenible de los recursos:
    1. Agua
    2. Soberanía energética
    3. Economía circular
    4. Autosuficiencia conectada de recursos y materias primas conectada
  8. Promover la movilidad y logística sostenible con especial atención a:
    1. La movilidad peatonal y ciclista
    2. El transporte público multimodal
    3. La intermodalidad (optimar la combinación de distintos transportes)
    4. El tren de alta velocidad
  9. Incluir cuestiones de carácter transversal:
    1. Accesibilidad universal,
    2. Perspectiva de género,
    3. Euskera,
    4. Cambio climático,
    5. Salud
    6. Interrelación territorial
  10. Promover una buena gobernanza de la ordenación del territorio mediante:
    1. El seguimiento y la evaluación de los planes
    2. La participación ciudadana
    3. La integración administrativa.

De estas directrices se puede concluir, que la ordenación territorial ha de dar un cambio considerable. Las cotas de artificialización del suelo deberían frenarse en seco, e incluso tendrían que reconvertirse mediante procesos de recuperación y renaturalización. No deberían tener cabida dentro de este marco más Planes Territoriales Parciales (PTP) que planean nuevas carreteras y autopistas, ni aquellos que dan luz verde a ampliar las áreas de actividad económica a costa de corredores ecológicos y de hábitats naturales y rurales. Tampoco se entenderían como coherentes los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los ayuntamientos que siguen eliminando zonas de campiña agraria para construir más vivienda nueva, con viviendas vacías y a pesar de la disminución demográfica.

Veremos si las DOT sirven de camisa de fuerza ante los planes de depredación del territorio o si se limitará a ser un documento de buenas palabras, pero lo suficientemente genéricas para incluir cualquier interpretación. De momento diputaciones y ayuntamientos siguen sus propias hojas de ruta con sus planes vigentes y aprobados durante el marco anterior.

Aitor Mingo Bilbao

MSc Ciudades y Sostenibilidad

Naider

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