El Parlamento Europeo aprobó este verano la Ley de Servicios Digitales (DSA en su acrónimo inglés), normativa que se prevé esté plenamente en curso para 2024. La cámara comunitaria aprobó a su vez la Ley de Mercados Digitales (DMA), que se espera aplicar ya antes en el primer trimestre del año entrante. Este código legislativo pretende marcar un hito en los esfuerzos de los reguladores europeos para poner coto al dominio de las grandes tecnológicas – mayormente Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple y Microsoft –   sobre un entorno digital que ellas mismas han conseguido ir moldeando en estas últimas  décadas.

Entre las prácticas que las gigantes bigtech han normalizado, además de métodos monopolísticos para imponer sus respectivas aplicaciones, se haya la recolección de datos sensibles de las personas usuarias. Normativas ya en vigor, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), han querido poner orden dentro de esta lógica de pagar con información en lugar de dinero. Dichos datos sensibles, notoriamente en el caso de Facebook, han venido cruzando el charco a servidores de EE UU, lo que ha energizado al regulador europeo. No obstante, al otro lado del atlántico, donde la mirada ha sido más amable por proteccionismo económico, han empezado a desarrollarse normativas en sintonía con las  europeas para intentar contener el poder de las bigtech, como la American Innovation and Choice Online Act (AICO).

En el ámbito de los redes sociales, el sistema de algoritmos diseñado e implementado por las bigtech tiene como objetivo que las personas usuarias empleen gran parte de su tiempo sin salir de estas plataformas. Esta arquitectura no es inocua sobre el diálogo democrático: se crean cámaras de eco que solidifican visiones irreconciliables, se difunde información falsa, las manifestaciones contrarias a la expansión de los derechos humanos son premiadas con atención…

A este respecto, la DSA introduce obligaciones a las grandes plataformas con más de 45 millones de usuarios/mes en cuanto a la prevención de riesgos sistémicos – difusión de contenidos ilícitos, erosión de derechos fundamentales, etc. – y al refuerzo de la transparencia y rendición de cuentas sobre el funcionamiento de sus algoritmos – las personas usuarias deberían poder conocer por qué se les recomienda lo que se les sugiere –.

La DMA, por su lado, pretende favorecer la competencia obligando a las bigtech a la interoperabilidad con los servicios de terceros, en especial las pequeñas plataformas.

Hasta que las medidas propuestas estén plenamente vigentes, y la forma dependerá en gran parte de lo que se desarrolle en las legislaciones de cada estado, no se podrá valorar plenamente la eficacia de las normativas aprobadas. No obstante, viendo cómo las grandes tecnológicas han ido diversificándose y ampliando su cartera de servicios, es inevitable preguntarse si el regulador no se habrá propuesto demasiado tarde contener el poder las grandes tecnológicas.

Alex Atxa

Especialista en Comunicación Digital

NAIDER

Este es uno de los posts destacados en las Claves de Transición de la publicación de otoño de Naider

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