hiriko-folding-car-2Estos días hay mucho revuelo en Euskadi en torno a la investigación por parte del ministerio fiscal de una supuesta trama para apropiarse indebidamente de fondos públicos por parte de un conocido grupo de empresarios vascos. El caso está teniendo un elevado impacto mediático y los mentideros políticos están muy animados con acusaciones y excusaciones de todo tipo.  El objeto de las ayudas públicas fue el desarrollo de un proyecto de creación y posterior fabricación de un coche eléctrico Made in Basque Country.

El gancho de la movilidad sostenible ciertamente encandiló a más de uno y el proyecto Hiriko fue en su momento tomado por los responsables del gobierno vasco como bandera de la transformación del tejido industrial vasco y del propio sector de automoción, tan arraigado en el país. Recibió en ayudas públicas en torno a 18 millones, de los cuales el 80% procedían del Gobierno español (al parecer, fruto de los acuerdos del grupo parlamentario del PNV con el socialista para aprobar los presupuestos del entonces gobierno Zapatero) y, salvo alguna pequeña contribución de la Diputación de Álava, el restante 20% procedía de ayudas del Gobierno vasco a la realización de actividades de I+D vía el Programa Etorgai de apoyo a la I+D empresarial.

Todos los ojos están puestos en los supuestos delitos que los promotores del proyecto han cometido y el posible engaño al que fueron sometidas las administraciones implicadas al desviarse (según la fiscalía) buena parte de esos fondos a actividades impropias o directamente inexistentes en beneficio de los promotores del proyecto. En la supuesta trama, además, los cruces de facturas habrían permitido también compensar todos los gastos del proyecto que efectivamente se realizaron, de forma que todos fueron pagados con dinero público. Todas esas acusaciones se tendrán que probar y juzgar oportunamente y tendrán que ser, en su caso, penadas. Las administraciones engañadas, pese al desconcierto inicial de alguna, se personarán debidamente en el caso como principales perjudicados en la eventual estafa. Hasta ahí, todo el mundo de acuerdo en lo inadmisible del asunto.

Pero también existe otra controversia surgida en torno a este caso que proviene del hecho de que las subvenciones a la I+D fueran hechas a fondo perdido. Es decir, con independencia del éxito técnico o comercial del proyecto los promotores no correrían con ningún riesgo. Esto es, si el coche desarrollado se hubiera comercializado con éxito, todos los réditos comerciales hubieran sido además exclusivamente para los promotores empresariales. Aquí ha surgido el asombro público pero es que en realidad aquí no hay ningún delito posible, al menos en las subvenciones que le fueron otorgadas por el Gobierno vasco. Así está articulado en el decreto: las subvenciones son a fondo o perdido. Pase lo que pase con el proyecto y le vaya como le vaya a cualquier empresa beneficiaria.

El riesgo de la I+D se comparte entre el sector público y la empresa privada y los réditos comerciales son exclusivos de las empresas beneficiarias, que ni siquiera tienen que devolver la ayuda recibida. La controversia, en este sentido, no debería estar tanto en lo que ocurre cuando un proyecto fracasa (algo intrínseco a la I+D y al carácter incentivador de la acción pública). La cuestión que quizás debiera plantearse es por qué los réditos comerciales, cuando estos se producen, sólo se atribuyen a la empresa y esta ni siquiera está obligada a devolver, siquiera parcialmente, la cantidad aportada por la sociedad que, como vemos con estos desafortunados casos que han salido a la luz, suponen muchos millones de euros.

De forma deseable, las administraciones deberían hacer un sano ejercicio de autocrítica responsable y aprovechar este caso, sino para poner en cuestión el sistema de ayudas a la I+D como tal, sí al menos para asegurar la oportunidad de algunos programas actuales de incentivación de la I+D empresarial y que se fundamentan en subvenciones a fondo perdido.  A lo que nosotros animamos desde aquí es a aprovechar este ruido mediático y el supuesto engaño en torno al proyecto Hiriko para realizar una nueva reflexión sobre lo que se está haciendo bien y lo que puede ser mejorado.

Dando una vuelta de tuerca más a todas estas cosas, se nos ocurre también que los programas de ayudas a la I+D empresarial vía subvenciones pueden despertar incentivos no deseados. Estos incentivos perversos siempre han estado en la rumorología del sistema pero el mensaje lazando en los últimos tiempos por el equipo actual de gobierno (menos financiación directa a los agentes científico-tecnológicos y más financiación para la I+D de las empresas, que en buena medida se realiza en forma de subvenciones a fondo perdido) puede hacer que estos fantasmas se materialicen.

No es difícil adivinar que todos los agentes que ven peligrar su estabilidad financiera pudieran estar pensando en reforzar su maquinaria para armar proyectos con empresas amparados en programas como Etorgai. También lo van a hacer las empresas de servicios que dan soporte a las empresas en la búsqueda de financiación de su I+D. En muchos casos este renovado esfuerzo incentivará que surjan proyectos de I+D nuevos. Perfecto. Eso es lo que pretende el Gobierno con sus programas. En otros casos,  introducirá en el sistema de ayudas pública proyectos que ya se iban a realizar sin esa ayuda, cuestionando la necesaria adicionalidad. No tan perfecto. Por último, dando rienda suelta a la imaginación, se podría pensar incluso en artimañas  para tejer propuestas huecas bien armadas de proyectos de colaboración interempresarial que simplemente busquen la firma de empresas que puedan presentar el proyecto a la convocatoria de turno sin riesgo ni coste alguno para ellas.

Sería un win-win redondo en estos casos de posible fraude. Por un lado, es casi imposible discernir para un funcionario o un técnico responsable de la evaluación de un proyecto cuándo este es fruto de la necesidad estratégica de la empresa o cuando es simplemente un envoltorio de humo ideado para aprovechar mecanismos de financiación extraordinaria.

A cambio de firmar las propuestas, cuando el proyecto es aprobado, las empresas reciben una suculenta retribución de parte de los gastos del personal investigador adscrito a la empresa o de otros gastos de funcionamiento de la misma que se adscriben ahora a ese proyecto. El caramelo es ciertamente goloso para los responsables de las cuentas de explotación de una empresa tanto para aquellas que van mal (puesto que ayudan a paliar los números de un mal año) como para aquellas que van bien (puesto que todo el dinero va directamente al margen empresarial). Pase lo que pase, no hay que devolver nada: las subvenciones son a fondo perdido. Tampoco hay que hacer mucho desde el punto de vista técnico si no se desea puesto que los agentes que han promovido la iniciativa quizás se encarguen incluso de realizar toda actividad necesaria para formalizar la parte técnica del descargo o, en el mejor de los casos, se les subcontrate hacerlo.

El gobierno, por su parte, asistiría encantado a la presentación de estos supuestos proyectos de I+D deslumbrado porque el esfuerzo empresarial aflora en las estadísticas y los agentes de la RVCTI reciben financiación indirecta perfectamente explicada por “necesidades” empresariales (que es su actual preocupación). Por último, los agentes de la Red eventualmente involucrado verían sus necesidades financieras mejor cubiertas y podrían seguir con su actividad real al tiempo que minimizan el esfuerzo necesario para justificar estos proyectos subvencionados.

El sector empresarial vasco es honesto en su conjunto y rechaza sin paliativos cualquier práctica fraudulenta. Es parte de la esencia de la cultura empresarial de este país: la seriedad y la honestidad. También lo es el conjunto de agentes que forman parte de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología que realizan una labor encomiable en pos de la competitividad de Euskadi a múltiples niveles. Aún así el sistema de apoyo público debe ser sostenible (la sustitución progresiva de subvenciones por préstamos a riesgo compartido puede ser una fórmula) y debe estar no sólo en permanente vigilancia, que lo está, sino en constante evolución y mejora de sus requisitos, formas y controles para que no se cuele ningún malhechor ni ningún cazafortunas. No sólo para eliminar el fraude sino para evitar también que la acción del gobierno suponga un menoscabo involuntario para la libre competencia entre empresas.

No queremos alimentar alarmas ni fomentar controversias que no conducen a mucho. Sólo animar a que las cosas se planteen y replanteen de forma continua y totalmente natural. Lo que igual funcionó en una determinada coyuntura o en un determinado estadio, igual ahora ya no procede tanto.

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