2238073479_9582e6391f_0Las huelgas del personal de Iberia no suelen pasar inadvertidas. Son recurrentes, impactantes y generalmente mal comprendidas por los usuarios, la administración y la sociedad en general.

Las que nunca faltan a la cita veraniega son las protestas de los pilotos que recurren indefectiblemente a la huelga todos los años para presionar ante su empresa que acepte sus exigencias y reivindicaciones laborales.

Dados los perjuicios de su recurrente actitud, se han ido granjeando a lo largo de estos años el descrédito y la impopularidad en prácticamente todos los estamentos sociales, mediáticos e, incluso, sindicales. No obstante, sus jornadas de huelga han sido hasta la fecha, además de previsibles, legales porque son anunciadas con antelación y se establecen unos servicios mínimos necesarios por tratarse de una empresa que presta un servicio público que no puede interrumpirse completamente, que se sepa, bajo ninguna circunstancia.

A lo largo de todo este fin de semana otro colectivo de trabajadores de Iberia (el encargado del handling en el aeropuerto de El Prat) ha optado por realizar también huelga para clamar ante los responsables de Iberia una respuesta ante su situación laboral dentro de la compañía y que ellos, al parecer, consideraban en riesgo.

La diferencia con la protesta que sus compañeros pilotos realizaron hace escasas semanas ha sido su flagrante ilegalidad. Se convocó de forma inesperada, “con carácter de urgencia” y ni siquiera contaba con los servicios mínimos establecidos para estas ocasiones.

Las consecuencias de su acción no han podido ser más dramáticas: miles de personas directamente atrapadas en una auténtica ratonera y, es difícil saberlo, decenas de miles afectadas indirectamente en todo el mundo. La burda ocupación de las pistas del aeropuerto por parte de los trabajadores el pasado viernes supone, además, un agravante que afecta a las normas internacionales de seguridad aérea.

Su actitud ha causado perjuicios económicos y daños morales incalculables a todas las personas afectadas, ha dinamitado la imagen de Barcelona como ciudad moderna y centro de negocios avanzado y, en pocas horas, ha puesto en solfa la solvencia de la industria turística española en plena temporada.

La empresa, Iberia, no ha sabido afrontar el desafío y ha precipitado su descrédito entre la población (las llamadas al boicot a Iberia, que no están sujetas al handling ni necesitan pilotos, sí que vuelan por internet) y AENA ha demostrado también su impericia ante situaciones límite en los aeropuertos que gestiona (lo que argumenta a favor de la liberalización de la gestión aeroportuaria). La Generalitat y el Ministerio de Fomento del Gobierno español deberán analizar estas cuestiones y dirimir si ambas empresas han incurrido en algún tipo de responsabilidad.

De lo que también tengo pocas dudas en este caso es de que los trabajadores amotinados estos días han actuado fuera de la ley y, además, son responsables directos de los múltiples daños ocasionados. Entiendo que, con independenia de que sean éticamente censurados por los distintos sectores sociales, deben ser amonestados firmemente por su empresa y sus acciones elevadas a las instancias pertinentes para impedir que tal tropelía salga impune de eventuales responsabilidades penales.

La huelga es un derecho de todo trabajador y como tal está regulado para establecer sus límites. La legitimidad de una convocatoria de huelga debe envolverse de legalidad y, en cualquiera de los casos, no  exime a nadie de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.

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