Artículo original publicado por Confebask (enlace)

A consecuencia de la urgencia climática en la que estamos inmersos y la necesidad prioritaria que los países tienen para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones fijados por el Green Deal Europeo, las consideraciones y regulaciones ambientales van ganando terreno en el plano legislativo.

Un ejemplo de ello es la Compra verde, hasta ahora principalmente orientada al sector público y conocida como Compra Pública Verde (CPV). La Compra y Contratación Verde es un proceso de compra o contratación de bienes y servicios en el que se valoran tanto los aspectos económicos y técnicos como los ambientales, es decir, se incorporan criterios ambientales a la hora de comprar bienes y servicios.

Desde la Comisión Europea se le considera como un instrumento estratégico para el logro de sus objetivos ambientales. Y es que el gasto destinado a la compra de bienes y servicios por parte de la administración pública en la UE representa el 19% del PIB. Por ello, el sector público puede desempeñar un papel importante a través de su figura como demandante de recursos y ser un agente clave para promocionar e implementar diversas políticas y estrategias ambientales a través de esta herramienta. Por un lado, la incorporación de criterios medioambientales en el proceso de compra pública estimula la producción de bienes más sostenibles medioambientalmente por parte de las empresas y, por otro, la alta capacidad de compra del sector público también puede incidir en los patrones de consumo y redirigirlos hacia pautas más respetuosas medioambientalmente, con el consecuente impacto adicional en su producción.

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En Euskadi la compra verde cuenta con casi 20 años de trayectoria, en los que ha ido ganando terreno en las distintas administraciones públicas. En 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se obliga a las Administraciones Públicas y a las empresas licitadoras a considerar en los procesos de compra y contratación pública los aspectos medioambientales. Esta obligatoriedad ha supuesto un importante empujón a su implantación en los últimos años. Y es que la compra verde, a pesar de ser un instrumento útil que se espera que repercuta en beneficios ambientales y, paralelamente, competitivos y de innovación, no está exenta de dificultades en lo que a su implantación se refiere.

Uno de los mayores desafíos es la capacitación y formación de las personas encargadas de licitar y contratar compras y servicios. La inclusión de criterios ambientales en los pliegos requiere de conocimiento, tanto administrativo y burocrático, como técnico y comercial para conocer las técnicas o productos ambientalmente más respetuosos a comprar o licitar. Esto nos lleva al segundo eslabón de la cadena, el gran abismo existente entre la oferta y demanda de productos y servicios ecodiseñados y, por tanto, una falta de alternativas entre las que elegir. La lenta transformación del sector privado hacía una producción más sostenible, tanto en procesos, como en materiales, productos y distribución genera un desequilibrio necesario de atajar.

Sin embargo, en la CAPV nos encontramos en un punto de inflexión, puesto que el sector privado entrará a formar parte del programa de Compra verde de los próximos 10 años, con el denominado “Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030”. El objetivo principal de éste será abordar los retos anteriormente señalados para poder garantizar una integración total de criterios ambientales en la compra de bienes y servicios tanto en el sector público como en el privado, y así poder acelerar la transformación del sector industrial vasco hacia uno que incluya de forma transversal la visión medioambiental. Y es que compra verde tiene un gran potencial como motor de innovación y competitividad para la empresa, lo que se espera que a su vez repercuta en ahorros económicos. La cuestión ahora es estar preparados para cambiar la forma de entender la industria y la producción para diseñar productos y servicios que sean más amigables y sostenibles medioambientalmente, sin que ello suponga un encarecimiento de los procesos. Se trata de integrar los costes de proceso y fin de vida que hasta ahora apenas se tenían en cuenta en la producción, para reconsiderar el coste o ahorro a largo plazo que tendrá nuestra elección de consumo. Y desde el punto de vista del consumidor poder deshacernos de la idea de que lo sostenible es intrínsecamente más caro.

Sara Soloaga

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