Leo en Expansión una noticia relacionada con el emprendizaje y su impulso en EEUU. En ella se cita una propuesta llevada a cabo por un grupo de inversores especializados en el sector tecnológico para su incorporación a la reforma de la Ley de Inmigración que se esta desarrollando. La medida promovida, que pretende atraer talento y aprovechar el potencial de los estudiantes extranjeros, se basa en la expedición de visados de residencia y trabajo a emprendedores que creen una empresa tecnológica en EEUU.
A priori y leyendo sin espíritu crítico, la propuesta parece inteligente desde un punto de vista empresarial y una oferta generosa para aquellos que quieren lanzarse a la aventura de crear su propia empresa. Podría pensarse que están en lo cierto, no tiene ningún sentido formar a millones de jovenes extranjeros sin darles la oportunidad de desarrollar su conocimiento, obligándoles a abandonar el país. ¡Qué gente tan honrada!
Pero, ¿cómo debe interpretarse esta propuesta en un país que día a día endurece sus condiciones de acceso para los extranjeros? ¿porqué un joven extranjero que haya disfrutado de una categoria social lo suficientemente alta como para formarse y poder crear una empresa tecnológica debe tener más derecho que alguien que no haya tenido ese privilegio?
Esta proposición no hace más que demostrar que, lejos de valorizar los derechos humanos y respetar la igualdad de las personas por encima de cualquier otro criterio, el sistema estadounidense (paradigma del capitalismo) se dirige hacia un modelo donde el negocio se antepone a los derechos fundamentales. En una sociedad aparentemente democrática y avanzada, estos ejemplos de discriminación o legalización de privilegios en base al potencial económico de las personas no deberían tener cabida. Esta concepción del ciudadano denota una visión irresponsable de los valores humanos, estableciendo los derechos de las personas según su rentabilidad, utilizando iniciativas honradas como disfraz de puros intereses económicos.