Las leyes y normativas son uno de los principales mecanismos que la sociedad moderna tiene para establecer el marco de referencia que regule las conductas “aceptadas” por la sociedad, teóricamente en pro del bienestar común y así, orientar nuestras acciones individuales y colectivas hacia el camino necesario. La sociedad occidental cree firmemente en su poder, casi como si en tiempos pasados de la religión se tratase, definiendo la línea divisoria entre el Bien y el Mal.
No hay más que ver el número de normativas que el estado español, tanto en conjunto como a nivel autonómico y en consonancia con la tendencia europea, publica anualmente. De acuerdo al informe anual de “Producción normativa” que CEOE viene publicando desde 2015, en 2021 se incrementó en un 7,3% el número de normas estatales publicadas, consolidando la tendencia al alza en los últimos 5 años. En 2022 sin embargo sufrió un ligero descenso, pero aun así se posicionó como el tercer año con mayor número de normas publicadas de la última década.
La redacción de estas normas ha sido una medida de carácter reactivo, con el objetivo de responder a las necesidades que la sociedad ha ido reclamando durante su transcurso y evolución para hacer frente a determinadas problemáticas surgidas. Ejemplo claro de ello es la legislación ambiental, cada vez más presente en la normativa, ligado a la emergencia climática y a la necesidad de limitar y regular la contaminación y pérdida de biodiversidad a distintos niveles. Pero ¿son efectivas estas herramientas por si solas?
En temática climática y ambiental, las administraciones están obligadas a redactar un sinfín de planes, respondiendo a las distintas necesidades que se presentan: planes energéticos, planes de residuos, de movilidad, etc. Dando respuesta a los requerimientos de las leyes, normalmente más tarde de lo que la propia ley indica, fijan objetivos y limitan ciertas actuaciones, que ayudan a reducir los impactos ambientales que producimos, pero generalmente sin una sensibilidad y concienciación de base. Y esto se refleja en los resultados finales: pasamos los problemas de un lado de la cadena a otro, o conseguimos los objetivos, pero mucho más lento de lo necesario.
Por ejemplo, un plan energético del parque móvil de una administración puede cumplir con la ley cambiando los vehículos de combustión fósil a los de combustible alternativo (PHVE, HVE y eléctrico). Sin embargo, si ese parque móvil pasa a estar compuesto por vehículos híbridos enchufables (fuera aparte del debate de si son más ecológicos realmente), pero no va acompañado de una optimización de rutas y un hábito automático de carga de los vehículos por parte de los usuarios para su uso en la versión eléctrica, de poco servirá a efectos prácticos. Pero habrá cumplido el requisito que la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAPV le impone.
O en plena transición energética, es imperativo el cambio de fuentes de energía de combustibles fósiles a fuentes limpias y renovables. Sin embargo, esta transición se está dando sin promover un cambio en el modelo de consumismo social y por ende de consumo energético, recayendo casi toda responsabilidad de mejora en la eficiencia energética que la tecnología va brindando. Y, además, sin un cambio en el modelo de negocio de las proveedoras y distribuidoras energéticas: las mismas macroempresas de los combustibles fósiles creando megaparques eólicos y solares rozando la legalidad en lo que a evaluación de impacto ambiental se refiere en muchos casos, además de seguir promoviendo un modelo energético dependiente, deslocalizado y poco democrático. Sin transición justa.
Las leyes son un medio de cambio, pero no la solución. Sin embargo, al igual que sucede con la tecnología actualmente, toda esperanza de posible solución al problema recae sobre ellas, sin complementarlo con la principal herramienta para su éxito: el cambio de paradigma o cambio en el comportamiento social. Sin trabajar el pilar básico de concienciación y sensibilización de forma coherente y holística, el cambio en el comportamiento social no se dará, ni en la ciudadanía, ni en la clase política, ni en las empresas. Y por tanto, los esfuerzos realizados no serán suficientes para alcanzar resultados que permitan dar solución a nuestros problemas actuales. Las leyes son un medio, el cambio comportamental la solución.
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