Cada vez es más habitual que las Administraciones Públicas demanden al sector privado un mayor compromiso, financiando un porcentaje creciente de la inversión en I+D para garantizar una mayor conexión de la investigación con los problemas sociales y empresariales reales.
Este es el caso del País Vasco que en su nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI Euskadi 2020. Una estrategia de Especialización Inteligente) plantea como objetivo para 2020 que la financiación privada de la I+D crezca en dos puntos porcentuales y pase del 59% en 2014 al 61% en 2020, mientras que el peso de la financiación pública baja del 35% al 31%. Todo ello en un escenario planificado de crecimiento de la inversión total en I+D del 6,2% de media anual hasta 2020 (se quiere pasar de una inversión de 1.326 millones de Euros en 2014 a 1909 millones en 2020 con una cantidad total invertida de 11.100 millones de Euros en el total del período).
Desde una perspectiva global se trata, sin duda, de un planteamiento perfectamente coherente ya que resulta muy lógico que en una economía de mercado se pida a los agentes privados y, en particular, a las empresas una visión más amplia y de largo plazo para asumir su propia responsabilidad e invertir decididamente en su propio futuro.
El objetivo planteado resulta, sin embargo, poco creíble. En primer lugar, por la propia magnitud del objetivo planteado. Sólo a modo de referencia, alcanzarlo pasa porque más de 1.100 empresas que ahora no hacen I+D decidan hacerlo para 2020. Esto supone incrementar el número de empresas que realizan I+D en un 78%, cuando la cifra de empresas que hacen I+D permanece estancada en alrededor de 1500 empresas desde 2008. Además deberían hacerlo en las mismas condiciones en las que lo hacen las que ya invierten (465.000 euros anuales de media, financiando con fondos propios el 82%).
En segundo lugar, El objetivo de multiplicar la inversión privada en I+D de forma tan inmediata resulta complicado de alcanzar también por las propias circunstancias del tejido productivo vasco, que se recupera muy tímidamente de una gran crisis económica, y por sus características estructurales (la mitad de la industria está formado por empresas con intensidad tecnológica “media-baja” o baja en las que la I+D no es una prioridad competitiva de primer nivel).
Finalmente, porque, el propio PCTI que lidera el gobierno, está muy orientado a la oferta científico-tecnológica (en particular, a la transformación de la Red Vasca de Ciencia, tecnología e Innovación, RVCTI) y mucho menos al impulso de la I+D empresarial. La hipótesis implícita para ello se basa en que solicitando y motivando a los agentes científico tecnológicos hacia una mayor focalización en áreas prioritarias (RIS 3) y favoreciendo una creciente pro-actividad para acercarse a las necesidades de las empresas y de la sociedad será suficiente para convencer a las empresas de que inviertan de modo mucho más decidido en investigación y desarrollo.
Que la RVCTI sea eficiente y esté orientada a las necesidades debe ser una prioridad y es, sin duda, una condición necesaria para avanzar en la dirección deseada, pero dista mucho de ser suficiente. Si de lo que se trata es de reforzar la I+D en Euskadi, se precisará un mayor esfuerzo y compromiso privado, pero también va a exigir un mayor esfuerzo institucional (a todos los niveles, también al financiero) para que, entre otras cosas, las recetas propuestas no sean interpretadas como un simple y elegante modo de justificar la necesidad de recortar los fondos públicos que se dedican a la promoción de la investigación y el desarrollo en el país.