Cuando en 1987 las Naciones Unidas aprobaron, en el conocido informe Brundland, la formulación de que la satisfacción de las necesidades de la presente generación no debía de hacerse a expensas de las futuras generaciones se produjo un hito altamente significativo en el ámbito del pensamiento ambiental. La formulación del concepto de desarrollo sostenible implicaba el reconocimiento de que las solas fuerzas del mercado dejadas a su libre dinámica, no garantizan la no destrucción de los recursos naturales y del medio ambiente, tanto en un ámbito local/ regional como global. Suponía aceptar el hecho de que el sistema económico de mercado carece de mecanismos internos autoreguladores que le eviten conducir a la sociedad hacia el colapso ambiental.
Así, al igual que en su día se asumió que los temas de equidad necesitaban políticas redistributivas de la renta – el sistema de mercado podía ser eficiente pero no “justo”-, a finales de los años ochenta quedó internacionalmente aceptada la idea de que la preservación de los sistemas naturales necesitaba políticas ambientales. Es decir, era imprescindible la implicación activa de las instituciones políticas para preservar el bien común de la presente y futuras generaciones.
No fue casualidad que el concepto de sostenibilidad ambiental surgiese en un momento histórico en el que la experiencia de la segunda mitad del siglo XX mostraba nítidamente que las dinámica interna del sistema económico global estaba conduciendo al mundo a una crisis ambiental generalizada. La destrucción de la capa de ozono, la pérdida acelerada de diversidad biológica, el cambio climático, la creciente desertización etc. eran algunos de los síntomas inquietantes de que algo importante iba mal. La sociedad necesitada despertar del sueño de aquel optimismo ingenuo, típico de los años cincuenta, sesenta y principios de los setenta, en el que se asumía que el desarrollo tecnológico podría superar cualquier reto y que era algo natural e indiscutible que el mundo iba a ir siempre “a mejor”. En ese sentido, el concepto de desarrollo sostenible era una contribución importante hacia una compresión más realista de la manera en que la sociedad se estaba relacionando con la biosfera.
Pocos años después de aprobarse el mencionado informe, se celebraba en 1992 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra. En ella, se aprobaron importantes acuerdos para ir haciendo realidad el camino hacia la sostenibilidad ambiental – Convenio sobre el Cambio Climático, Convenio sobre Diversidad Biológica, Programa de Acción Agenda 21… Sin embargo, cuando la comunidad internacional haga el balance ambiental de la última década en la cumbre de Johannesburgo que va a celebrarse en septiembre de 2002, las sombras van a seguir siendo, desgraciadamente, numerosas, densas y alargadas. La década transcurrida entre ambas cumbres ha puesto de manifiesto que modificar las poderosas inercias que existen en el sistema económico, en el institucional y en el social es extraordinariamente difícil. Nos encontramos, así, en un momento histórico caracterizado por una creciente información y preocupación sobre la crisis ambiental que, sin embargo, encuentra grandes obstáculos para traducirse en acciones de cambio realmente significativas.
En este contexto, la Consejería de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente del Gobierno Vasco acaba de presentar la estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible dentro del programa marco ambiental de la CAPV. Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma presente un documento de estrategia ambiental es ya de por sí una buena noticia. Que lo someta a debate de la sociedad, ofreciendo cauces para las aportaciones y sugerencias es todavía mejor. Y lo más positivo, en mi opinión, es el hecho de que la metodología del documento es acertada: la metodología conocida como causas motrices – presión- estado- respuesta que la OCDE y, especialmente, la Agencia Europea del Medio Ambiente llevan años desarrollando. De hecho, esta agencia, brillantemente dirigida por Domingo Jiménez Beltrán desde su puesta en marcha en 1995, es la gran inspiradora del documento presentado por la Consejería de Medio Ambiente. Y ésa es una buena referencia.
Dicho lo cual, es el momento de plantear algunas dudas e insuficiencias. La primera es recordar que la existencia de una estrategia ambiental es condición necesaria pero no suficiente para avanzar de hecho hacia un desarrollo sostenible. Es un lugar común entre quienes estamos en estos temas decir que si se hubiesen cumplido las leyes, normas, planes y estrategias sobre medio ambiente que han sido aprobados en las dos últimas décadas, tanto a nivel local/ regional como internacional, los grupos conservacionistas y ecologistas habrían ido todos al paro por falta de trabajo. Todos sabemos que el papel lo aguanta todo. En ese sentido, una de las grandes asignaturas pendientes de la política ambiental es diseñar y aplicar mecanismos eficaces que obliguen de hecho, no en el papel, al resto de políticas sectoriales – energía, transporte, industria, agricultura, pesca, turismo … – a adecuarse a los condicionantes de la sostenibilidad.
La puesta en práctica de la mencionada estrategia por parte del Gobierno Vasco tiene, en ese sentido, dos grandes obstáculos que van a ser, de hecho, su prueba del algodón: la primera, la aplicación real de criterios ambientalmente sostenibles por los Departamentos de energía, transporte, industria, fomento… La segunda, la aplicación real de esos mismos criterios por las Diputaciones de los Territorios Históricos y los Ayuntamientos, entidades que son las que ejecutan la mayoría de las políticas que inciden de hecho en el territorio. En mi opinión, una manera de enfrentar en mejores condiciones ambos obstáculos sería avanzar en la creación de una Agencia Vasca del Medio Ambiente dotada de los poderes adecuados – a partir de la actual sociedad pública Ihobe – y que fuese el instrumento operativo capaz de asegurar que, en el día a día, se vayan cumpliendo los objetivos de sostenibilidad ambiental en los diferentes ámbitos sectoriales y territoriales.
Un segundo aspecto es el papel que el citado documento asigna a la Administración. “A la Administración le corresponde un nuevo papel como elemento motivador, sensibilizador y ejemplarizante”. Uno pensaría que se está hablando de una ONG ambiental y no de las instituciones que una sociedad democrática se dota a sí misma para preservar el bien común. El papel de la Administración – es decir el Parlamento, el Gobierno, las Diputaciones y los Ayuntamientos – en lo que se refiere al medio ambiente es organizar, dirigir y encauzar la manera en que se produce el desarrollo económico de la sociedad, de manera que se preserve el capital natural para beneficio de la presente y futuras generaciones. Y eso, me temo, es mucho más que motivar y sensibilizar.
El tercer y último aspecto es que en el diagnóstico que ha servido de base al documento se han identificado diferentes presiones que están incidiendo en la salud ambiental del País Vasco. Sobre ese telón de fondo se proponen 120 metas a alcanzar en diferentes plazos, entiendo que, en general, muy positivas. Sin embargo, en el diagnóstico se evita cuidadosamente caracterizar desde un punto de vista ecológico/ambiental el modelo de desarrollo económico subyacente a esas presiones.
Así, se evita reflexionar y sacar las oportunas conclusiones ambientales de hechos como que el área metropolitana de Bilbao, en la que vive casi la mitad de la población de Euskadi, es un conglomerado urbano que se ha configurado históricamente como un espacio caracterizado por acoger una de las concentraciones energético/industriales/infraestructurales más densas de Europa Occidental. Se evita reflexionar sobre el hecho de que el Gran Bilbao es una de las áreas metropolitanas europeas donde la actuación antrópica ha tenido efectos más contundentes y (casi) irreversibles desde los inicios de la industrialización a gran escala de finales del siglo XIX.
Creo que no se han sacado las lecciones ambientales oportunas sobre el modelo económico/energético/ industrial que hizo crisis en los años setenta y que dejó un enorme pasivo ambiental del que todavía nuestra sociedad tardará décadas en recuperarse. En consecuencia, implícitamente se sigue apostando por el viejo modelo hiperdesarrollista basado en una intervención radicalmente transformadora del territorio y de los recursos naturales, como única forma de concebir la generación de riqueza y prosperidad. En ese sentido, me temo que la estrategia ambiental aspira a actuar sobre los aspectos más excesivos del modelo, pero no a cuestionar sus tendencias profundas más problemáticas desde el punto de vista ambiental.