Ante el inminente riesgo de no alcanzar los objetivos marcados desde Europa para 2025, el pasado 2022 nació la esperada Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular (LRSCEC). Con esta nueva Ley se busca acercar los Estados Miembro hacia una economía circular, estableciendo objetivos más ambiciosos de aquí a 2035.
Fuente: Elaboración propia
Si bien Euskadi presenta mejores resultados que la media estatal1, con un índice de recogida selectiva del 50 % y un 46 % de PPR y reciclaje en 20202, todavía queda un largo camino por recorrer.
De este modo, la LRSCEC llega para dar un nuevo impulso al actual sistema de producción y consumo, con hitos especialmente ambiciosos en lo que respecta a la gestión de residuos. Como contrapartida, resulta algo tímida en lo que concierne a la prevención y reducción en origen.
En cualquier caso, lo que parece evidente es que algo ha cambiado en el paradigma de los residuos (o recursos, si los empezamos a ver desde una nueva perspectiva), cuando de los 56 artículos que se incluían en la anterior Ley, se dispone ahora de una extensa Ley que recoge 118 artículos, además de una larga lista de disposiciones y anexos. Nos encontramos ante un marco normativo complejo y transversal que, además de presentar una serie de inherentes desafíos, deposita su auténtico potencial transformador en numerosos desarrollos reglamentarios (cerca de 50 considerando algunos ya publicados).
Así, con el cumplimiento del primer aniversario dentro de la larga travesía que será necesaria para el completo despliegue de la LRSCEC, florecen nuevas incertidumbres en los diferentes sectores afectados, que no son pocos. Lo cierto es que nadie queda exento de responsabilidad, porque todos y todas, en mayor o menor medida, somos productores de residuos y debemos asumir nuestro papel.
Fuente: SimLevante
No obstante, la correcta aplicación de la Ley en cada territorio dependerá en gran medida de los Ayuntamientos y entidades locales, que deben asumir una serie de obligaciones y competencias importantes, a destacar:
- Elaboración de planes de gestión para poblaciones de más de 5.000 habitantes.
- Elaboración de un censo de instalaciones con amianto y plan de retirada.
- La incorporación de nuevos instrumentos económicos con un gran potencial transformador, como la tasa municipal de pago por generación o los impuestos de vertido e incineración.
Y la lista de tareas pendientes sigue.
Estas obligaciones suponen un RETO (sí, en mayúsculas) a todos los niveles. La urgencia para adaptar el balance de residuos y alcanzar los objetivos a tiempo no parece tarea sencilla, por eso cabe preguntarse, ¿existe capacidad suficiente a nivel municipal para su cumplimiento?
Indudablemente, algo que parece claro es que las entidades locales requerirán tanto de la participación activa de la ciudadanía, como una firme determinación política que respalde la transformación del actual modelo de producción y consumo. El apoyo técnico y económico a las administraciones locales será crucial para hacer frente a la larga lista de obligaciones que tienen por delante.
No cabe duda, por tanto, que la Ley 7/2022 no ha dejado indiferente a nadie, planteando tanto avances importantes, como dejando algunos deberes pendientes. No basta sólo con ser optimistas, la Ley exige la implantación de medidas disruptivas que permitan alcanzar los objetivos marcados. Nuestro medio ambiente y salud están en juego.
1 Según el último informe del MITECO, España no cumplió con los objetivos de preparación para la reutilización (PPR) y reciclaje del 50% fijados para 2020, alcanzando apenas un 21% de recogida selectiva.
2 Considerando los Residuos de Construcción y Reparación domiciliaria
Imagen principal: Pawel Czerwinski en Unsplash
