Hace unos meses The Brookings Institution publicó un interesante informe, ﾓThe high price of being poor in Kentuckyﾔ, en el que se concluía que las familias con menores rentas de Kentucky pagaban mayores precios por los mismos bienes y servicios que las familias con niveles de renta más altos. Las diferencias de precios eran especialmente elevadas en el caso de los servicios financieros y de algunos seguros.
El informe me pareció una interesante manera de analizar la pobreza, mirando no sólo los ingresos de las familias sino también sus gastos, pero no le di mucha más importancia, pensando que aquí no pasaban estas cosas. Sin embargo, recientemente varios titulares de prensa se han hecho eco del gran incremento (alrededor de un 30%) que la demanda de reunificación de deuda por parte de las familias españolas ha experimentado tras las vacaciones de verano y he vuelto a acordarme del informe de The Brookings Institution.
¿Realmente somos tan diferentes a Estados Unidos? ¿Están pagando también las familias españolas con menos recursos precios más altos que las más acomodadas por los mismos servicios? Aunque es realmente difícil conseguir datos o encontrar estudios al respecto, en el caso de los servicios financieros, la evidencia parece sugerir que sí.
Por un lado, el endeudamiento de las familias españolas en la actualidad es muy elevado. Este endeudamiento ha venido impulsado en gran medida por el incremento de los precios de la vivienda y las elevadas tasas de propiedad, incluso entre las familias con menos recursos. Las refinanciaciones de hipotecas o consolidaciones de deuda son un recurso financiero al que cada vez más familias recurren. Por otro lado, según se desprende de informes recientes (BBVA), el uso de créditos rápidos o de pago aplazado con tarjetas de crédito ha crecido mucho durante los últimos años y con estos recursos se financia un porcentaje importante (alrededor del 9.4%) del consumo de las familias.
Aunque los productos financieros que he mencionado anteriormente pueden ser útiles para afrontar las deudas crecientes en un momento determinado, también tienen un coste: en general son caros. La consolidación de deudas suele suponer el alargamiento del plazo de la devolución a un tipo algo más elevado, además de llevar asociado el coste de las operaciones de cancelación de los créditos menores, de la ampliación de la hipoteca y de las comisiones que cobran las empresas que se dedican a ello. En cuanto a los créditos rápidos y a los pagos aplazados con tarjetas de crédito, tienen unos tipos de interés (en algunos casos abusivos) que pueden llegar a duplicar o triplicar muchos de los ofrecidos habitualmente por las entidades bancarias y de crédito a sus clientes habituales por préstamos de igual importe.
Es de suponer que las familias que más recurren a estos nuevos productos financieros son las que más problemas tienen para llegar a fin de mes. Y cabe esperar también que el porcentaje de este tipo de familias sea mayor entre las que menos recursos tienen. Por lo tanto, parece que también aquí las familias con menos recursos pagan precios más altos que las acomodadas por el mismo servicio (en este caso, un préstamo o hipoteca de un determinado importe).
Sería muy interesante para las autoridades económicas conocer la extensión de este fenómeno (a quienes afecta, si afecta a otros bienes y servicios, si es un fenómeno local o global, etc.) porque las implicaciones de política económica son importantes. La mayor parte de las políticas públicas dirigidas a mejorar la situación de los hogares con menos recursos tratan de incidir sobre sus ingresos: políticas de empleo que permitan la incorporación al mercado laboral de los grupos más desfavorecidos, subsidios, etc. Sin embargo, si bien es cierto que incrementar los ingresos en muchos casos es una condición necesaria para salir de la pobreza también lo es que si ese incremento de los ingresos va acompañado por un incremento en los gastos la efectividad de las políticas públicas será mucho menor. Por lo tanto otro tipo de medidas, encaminadas a reducir ese diferencial de precios, a que los más pobres no paguen más, deberían estar en la agenda de lucha contra la pobreza.
Como los autores del informe de Kentucky sugieren, muchas veces esas nuevas medidas son relativamente sencillas de implementar y muchas veces pueden aplicarse a nivel local. Pasan por informar a los consumidores y ayudarles a elegir entre la creciente cantidad de productos que hoy hay en el mercado o por poner freno al funcionamiento de empresas poco escrupulosas que cobran precios abusivos y promover soluciones de mercado que animen a las empresas “decentes” a entrar en este segmento del mercado.
Referencias:
Fellowes, M. y T. I. Brooks (2007), ﾓThe high price of being poor in Kentuckyﾔ, The Brookings Institution.