En el transcurso de la última Cumbre del Clima COP25, los socios de la Unión Europea alcanzaron el Pacto Verde Europeo, un acuerdo que busca conseguir que Europa sea el primer continente en alcanzar el objetivo de neutralidad CO2 antes del 2050. Un pacto con el que el viejo continente muestra sus ganas de asumir el liderazgo mundial en la descarbonización de la economía, que sin embargo no se ha visto reflejado, hasta el momento, en una reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Países Bajos, el poder judicial ha intervenido para tratar de convertir los compromisos adquiridos en medidas efectivas, acelerando incluso la agenda fijada por la UE.

Si bien Países Bajos ha reducido considerablemente las emisiones de metano, óxido nitroso y otros gases, la emisión de CO2 neerlandesa se mantiene en niveles altos  — un 15% de reducción en 2018 respecto a los registros de 1990 — . Ante esta situación, el pasado 20 de diciembre, el Tribunal Supremo de Países Bajos dictaminó de forma inapelable que el gobierno debe reducir las emisiones de efecto invernadero al menos un 25% para 2020, respecto a 1990.

El Tribunal concluyó así el caso presentado por  la plataforma ciudadana Urgenda, basando su decisión en el Convenio de Naciones Unidas, la obligación del Estado a proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanía, y la Convención Europea de Derechos Humanos. El Tribunal se refirió asimismo al amplio consenso existente en la comunidad científica internacional sobre la necesidad urgente de que los países desarrollados recorten sus emisiones al menos un 25%.

El Tribunal, no obstante, deja en manos de la clase política la decisión sobre las medidas a tomar para conseguir el objetivo fijado.