Un porcentaje muy importante de los presupuestos anuales que el Estado destina a la promoción de la I+D se canaliza mediante ayudas financieras que el destinatario tiene que, de uno u otro modo, devolver (el 62,4% en los presupuestos Generales del Estado de 2015). Muy especialmente en los momentos de crisis, este tipo de instrumentos financieros generan una gran polémica. Los detractores argumentan que no responde ni a la demanda de los agentes y que sirve únicamente para maquillar artificiosamente la penosa realidad del apoyo público a la I+D en España y esconder la espectacular caída de las subvenciones a fondo perdido; como se observa en el gráfico, los gastos no financieros no han dejado de caer desde 2008 con la excepción de la pequeña subida que experimentaron en el presupuesto de 2014. Los argumentos se ven reforzados por la abultada falta de ejecución de los presupuestos públicos de I+D en la parte financiera. En 2013 quedó sin ejecutar el 46% del total del presupuesto.
A pesar de este instrumento, sin embargo, no cabe duda que la puesta a disposición de los agentes de préstamos para la realización de proyectos de I+D facilita el acceso a fondos que de otro modo serían muy difíciles de conseguir y, en este sentido, cuentan con un gran potencial para el desarrollo de proyectos cuyos resultados esperados están próximos al mercado y cuentan con expectativas verosímiles de retornos económicos suficientes para hacer frente a la deuda contraída.
El problema radica en que este tipo de proyectos son una parte muy pequeña del total de la I+D realizada en España. Resultaría muy iluso pensar que los préstamos sirven para financiar la totalidad de la I+D empresarial o más aún la investigación más básica que realizan tanto las universidades como los centros tecnológicos y de investigación, en la que los resultados económicos y sociales esperados tienen un horizonte temporal más largo plazo y son mucho más inciertos.
