Aunque han llegado las lluvias y el frío esta semana, parece desde hace unos meses que hemos entrado en un nuevo ciclo de sequía. Podemos preguntarnos cómo nos hemos preparado en los últimos para afrontar esta situacion.
A principios de la década de los noventa del siglo pasado (1990-1995), España vivió su último ciclo de sequía de agua. En algunos lugares, como la costa cantábrica, por ejemplo, la situación llegó a ser de alarma en algunos momentos ya que los niveles de escasez que se alcanzaron fueron extraordinarios Ante aquella situación, se actuó con medidas de urgencia, improvisadas y de corto plazo, actuando las Administraciones Públicas, encargadas del abastecimiento y de la provisión de servicios públicos de agua a sus ciudadanos como garantía para el acceso de la población a niveles suficientes de agua para los consumos básicos. Así, ciudades como Granada, Teruel o Cádiz tuvieron que ser abastecidas mediante el uso urgente de aguas subterráneas y en muchos otros lugares los camiones-cisterna pasaron a formar parte del paisaje durante muchos meses. No podía ser de otra manera, ya que era perentorio dotar a la población de los niveles mínimos de agua acudiendo a fuertes medidas restrictivas basada en la gestión por emergencia.
A día de hoy, podemos mirar atrás y preguntarnos por el papel que han jugado las Administraciones Públicas para prevenir nuevas situaciones de escasez como la que vivimos hoy, la más severa, según el Instituto Nacional de Meteorología, desde 1947. En la cuenca del Júcar y del Segura se anuncian restricciones y en muchos lugares se empieza a escuchar a los responsables políticos lanzar mensajes ya escuchados en otras ocasiones. Tiempo ha habido para desarrollar una respuesta activa de gestión por planificación hidrológica. Entendiendo que la gestión responsable del ciclo integral del agua es una acción pública que incumbe a diferentes áreas como el urbanismo, la ordenación del territorio o la fiscalidad, podemos decir que, en buena medida, en todos estos años se ha creado en muchos lugares una situación ideal para encontrarnos de nuevo con un periodo de restricciones como el que se avecina.
Podríamos decir, sin duda, que la climatología tiene sus ciclos y que, en cierta medida, ﾓtocaﾔ un periodo de dos o tres años de baja pluviosidad cada diez años, al que suele seguir un año de una alta pluviosidad. De alguna manera, la sequía forma parte de las condiciones climáticas de un país como España, con una pluviosidad muy variable en el tiempo y en el espacio. A este clima esencialmente mediterráneo, le corresponderían de forma natural unas prácticas sociales y económicas determinadas, pero hace tiempo que decidimos someter a la naturaleza a cualquier precio y olvidarnos de los límites físicos para vivir sin mirar la disponibilidad real de los recursos que en unas partes y en otras existen.
Entre el 75 y el 80% del agua consumida en España está dedicada a la agricultura. En estos años hemos visto incrementarse la superficie de regadío en zonas de dudosa rentabilidad económica (sólo salvada por las ayudas europeas) y de climas esencialmente secos, donde el cultivo natural debería ser de secano. A ello añadimos que sólo en los dos últimos años ha podido adivinarse una cierta acción de los poderes públicos para intervenir en ese enorme descontrol que suponen los pozos ilegales en gran parte del territorio español.
Sigamos. Un urbanismo desaforado ha generado además unas demandas espectaculares de agua en zonas naturalmente desabastecidas, llegándose incluso a edificar urbanizaciones espectaculares en dimensiones sin estar asegurado su abastecimiento. El agua es parte del territorio, está íntimamente unida a él, pero muchas prácticas urbanísticas y de construcción de espacios de ocio (campos de golf, complejos de spa, etc.) han dado la espalda al agua. ¿Por qué no entender que la sequía forma parte, en gran medida, de las condiciones naturales en las que vivimos? Al menos gran parte de ella, porque otra buena parte es una sequía creada artificialmente por una gestión del territorio que resulta irresponsable en algunas ocasiones.
Tendríamos, por otro lado, el alto índice de aguas no controladas en los abastecimientos urbanos (la que se pierde en las conducciones y la que no pasa por contadores) y, una vez más, de pérdidas en las conducciones del riego agrícola. ¿Es el agua un recurso escaso realmente?
Quizá incluso podamos añadir otro factor que hasta ahora no había tenido relevancia en otras épocas de sequía, el cambio climático. Lejos estamos aún de poder asegurar que el cambio climático es el causante exclusivo o más importante de esta falta de precipitaciones y del ﾓtiempo locoﾔ que estamos viviendo en las primeras semanas de invierno. Pero, desde luego, sí podemos entender que estamos empezando a experimentar con los posibles impactos del cambio climático y cómo afectan a determinadas zonas vulnerables. España, en cuestiones de agua y de disponibilidad a largo plazo de recursos hídricos, se verá afectada según afirman todos los estudios. Por tanto, tenemos un nuevo factor a incluir en la ecuación de la gestión responsable del agua en las próximas décadas.
Pasados estos años, ¿aprovecharán las instituciones para tomarse este tema con responsabilidad y empezar a planificar la gestión del agua (y los periodos de sequía natural) de forma consciente? La Directiva Marco del Agua es, desde luego, un marco institucional que podrá favorecer una nueva forma de gestionar el agua y los ecosistemas hídricos con criterios de sostenibilidad a largo plazo, pero es una condición necesaria pero no suficiente.
Las soluciones a esta situación implican la actuación coordinada de las instituciones, no sólo las responsables de la gestión del agua que, unas en mayor medida que otras, van cambiando su tradicional visión sobre el agua. Hace falta, desde luego, valor para afrontar la economía y la fiscalidad del agua con cierta racionalidad, incorporando los costes reales del agua al precio y distinguiendo usos y tramos para incentivar su ahorro; hace falta algo de coraje para afrontar el reto de las explotaciones de regadío artificialmente mantenidas, acompañándolo, eso sí, de un nuevo modelo de desarrollo rural que atienda las necesidades urgentes de las zonas agrícolas, ganaderas y de montaña para fijar población y oportunidades económicas; y hacen falta resortes jurídicos consistentes para generar una cultura territorial que no consuma suelo y otros recursos naturales de una forma descontrolada y abiertamente corrupta en algunos casos. Para resolver el corto plazo parece que sí se ha avanzado en los últimos años: los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía a los que están obligadas las confederaciones hidrográficas, los planes de emergencia para los municipios grandes,ﾅ, pero habrá que aprovechar la actual situación para sentar las bases de actuación en la próxima sequía.
Dentro de algo más de diez años, volveremos a encontrarnos y podremos juzgar cuánto hemos avanzado. Mientras tanto, no nos permitamos otra ﾓdécada perdidaﾔ y no nos quedemos ﾓcomo quien ve lloverﾔ esperando a la sequía del 2020.