Los finales e inicios de año suelen ser momento de recapitulación y valoración del año anterior. Si pensamos en el pasado 2024, la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a Valencia se erige como el principal recordatorio anclado en las memorias colectivas de nuestra sociedad. Este evento extremo no solo evidenció la vulnerabilidad de nuestras comunidades frente a los fenómenos meteorológicos extremos y a la fuerza de la naturaleza, sino también la necesidad imperiosa de actuar con mayor determinación frente a la crisis climática. Eventos como este generan un impacto humano y económico devastador y subrayan la urgencia de fortalecer nuestras infraestructuras y estrategias de adaptación climática.
En este contexto, la política desempeña un papel clave, como se ha evidenciado en esta y muchas otras catástrofes. La toma de decisiones rápida y adecuada, tanto en la planificación urbanística como en la gestión de situaciones de emergencia, resulta fundamental. Para ello, es imprescindible contar con mecanismos y herramientas que aporten una base técnica sólida y faciliten la adopción de decisiones informadas y eficaces por parte de los mandatarios.
Remontándonos a aquel día, en Naider el goteo incesante de noticias sobre el alcance de la tragedia coincidió con la impartición de una sesión de transferencia de conocimientos con un municipio de Cataluña, en el marco de un proyecto de adaptación costera cambio climático en el que NAIDER trabaja, el SCORE. En la sesión se mostraba a los representantes del Living Lab de dicho municipio (personal técnico de ayuntamientos y diputaciones, y personal del ámbito privado) las herramientas que se habían creado para modelar el riesgo de inundación de su municipio frente a distintos escenarios climáticos y periodos de retorno, y cómo el alcance de las inundaciones causadas se podía medir en términos económicos (por daños en los elementos construidos, vías de comunicación, etc).
Este tipo de modelos de inundación, disponibles para todo el estado como a posteriori han sacado a relucir las instituciones científicas del país en los medios de comunicación, son fundamentales para poder prever y planificar las estrategias a seguir en caso de evento extremo, y así considerar mejorar la adaptación de los territorios frente a estos episodios mediante distintas estrategias. Pero para ello, los políticos locales, deben ser conocedores y conscientes de ellas, sin que queden en el cajón del olvido y se obvien a la hora de seguir planificando y urbanizando el territorio.
Partiendo de los escenarios de inundabilidad, es posible integrar soluciones basadas en la naturaleza (soluciones blandas de adaptación) en los modelos para prever y cuantificar su efecto en la reducción del riesgo y los daños económicos asociados. Esto permite evaluar su viabilidad para su implementación a través de un análisis coste-beneficio. Este enfoque representa un ejemplo práctico de herramientas diseñadas para apoyar a los tomadores de decisiones en la adaptación de sus territorios frente al cambio climático, otorgando a estas soluciones la relevancia que merecen.
Esta valiosa información, además de posibilitar actuar en pro de la adaptación y mitigar los daños, permite también avanzar hacia la construcción de resiliencia financiera desde la perspectiva del gestor del territorio. Incluso al implementar soluciones basadas en la naturaleza (o soluciones estructurales) para mitigar los riesgos climáticos, siempre quedará un riesgo residual. Este riesgo puede traducirse en términos económicos, como las pérdidas anuales medias esperadas. A partir de los resultados obtenidos de los modelos previos, se pueden desarrollar estrategias financieras que permitan planificar con antelación y reservar los recursos económicos necesarios para afrontar las catástrofes previstas en un periodo determinado, logrando así una mayor resiliencia económica.
Estas estrategias incluyen la combinación óptima de fórmulas de retención del riesgo (como la creación de fondos de reserva) y de transferencia del riesgo a terceros (como las compañías aseguradoras). El objetivo es minimizar tanto los costes totales de la estrategia como las pérdidas no cubiertas (riesgo residual). Para ello, herramientas como el Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) resultan esenciales, ya que facilitan a los usuarios la visualización y selección de estrategias óptimas para la gestión del riesgo financiero.
Aquel día, durante la presentación de esta información al municipio catalán, muchos de los asistentes nos cuestionábamos por qué herramientas tan valiosas, diseñadas para apoyar la planificación y gestión del territorio y las emergencias, no logran trascender en su uso ni en su reconocimiento. Además, nos preguntábamos por qué desde las administraciones públicas no se realiza una mayor inversión para mantenerlas actualizadas y aprovecharlas plenamente, permitiendo que desarrollen todo su potencial.
Los gestores necesitan contar con herramientas e información fiable para tomar decisiones adecuadas. Sin embargo, con la DANA, una vez más, quedó evidente que, a pesar de que muchas de estas herramientas ya están desarrolladas, a menudo terminan olvidadas en un cajón.
Es responsabilidad de toda la sociedad, pero especialmente de los gestores del territorio, conocer y aprovechar este conocimiento, transformándolo en acciones concretas de prevención, adaptación y fortalecimiento de la resiliencia territorial y social.
