El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi. Esta Ley, alineada con el Green Deal europeo, busca impulsar la competitividad a través del desarrollo sostenible y justo. Su principal objetivo es lograr la neutralidad climática y una transición justa para el año 2050, con el compromiso de hacer todo lo posible para adelantar este objetivo para 2045, y para ello se centra en abordar el cambio climático en todos los sectores y escalas, fomentando la mitigación y la adaptación y promoviendo la transformación de la industria vasca hacia la descarbonización y el impulso de la innovación tecnológica e industrial.
Reconociendo la necesidad de una respuesta frente al cambio climático, la Ley establece varios objetivos, como la reducción del 45% emisiones en 2030 respecto a 2005, un ahorro en el consumo final del 37% en 2050 respecto a 2021 y una participación en energías renovables en el consumo final energética de al menos un 32%.
La Ley aborda una amplia gama de áreas, desde la agricultura hasta el turismo, con medidas específicas para apoyar la agricultura ecológica y la resiliencia del territorio. Impone obligaciones a diversas instituciones y empresas, como la elaboración de planes de desinversión de combustibles fósiles o la medición de la huella de carbono y el desarrollo de un plan para reducirla en instalaciones industriales, con el objetivo de alcanzar una huella de carbono nula o incluso negativa si es factible desde el punto de vista técnico y económico. Esta exigencia también afecta a los sectores del comercio y el turismo, que deben implementar una disminución gradual de su huella de carbono a través de un análisis detallado y la elaboración de un plan estratégico para su reducción.
Una Ley necesaria pero que llega tarde
Si bien se considera una Ley absolutamente necesaria, muchos expertos y colectivos han expresado su decepción en cuanto a la falta de alcance y concreción de las medidas de esta Ley. No cabe duda de que se ha mejorado desde los primeros anteproyectos de Ley, pero sigue quedándose corta ante la urgencia del cambio climático, dónde no iguala la ambición establecida por los objetivos europeos. El objetivo de reducción del 45% emisiones en 2030 respecto a 2005 establecido por la Ley (o su equivalente de reducir un 33% las emisiones respecto a 1990), se queda muy por debajo del objetivo fijado por Europa de reducir las emisiones un 55% en 2030 respecto a 1990. En un punto más positivo, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático sí que se establece como una base normativa, de la cual se pueden desarrollar diferentes reglamentos que acoten el alcance y la concreción de las medidas de forma más específica. Desde el Gobierno Vasco ya han mencionado que se está trabajando en el desarrollo de estos reglamentos.
Otra de las críticas hacia la nueva normativa se basa en que esta Ley propone cambiar únicamente lo esencial, con el objetivo de perturbar lo menos posible el modelo actual de producción y consumo. Prueba de ello es uno de los puntos más controvertidos de la Ley: el uso de combustibles sintéticos. A pesar de las afirmaciones de empresas energéticas como Repsol o Petronor sobre la huella de carbono cero de los combustibles sintéticos, es necesario destacar que para que estos combustibles sean verdaderamente neutros en carbono, el CO2 utilizado en su producción debe ser capturado directamente de la atmósfera, en lugar de provenir del procesamiento del petróleo que se está refinando. Además, la ineficiencia en la producción de estos combustibles implica que todo el proceso debe realizarse utilizando energías renovables para garantizar su neutralidad en carbono.
Por otro lado, se menciona la desinversión pública en activos relacionados con la exploración y explotación de combustibles fósiles, lo cual es positivo. Sin embargo, no se aborda la cuestión de las corporaciones privadas, lo que implica que no se establece ningún plazo para una eliminación gradual de los combustibles fósiles, sobre todo teniendo en cuenta que estas empresas son las principales implicadas.
Otra de las preocupaciones compartida por diferentes expertos es el enfoque aislado en la transición de energías fósiles a energías limpias, sin tomar en consideración las necesidades reales del territorio ni evaluar las capacidades para desarrollar las infraestructuras requeridas. Concretamente, esta preocupación que ya quedó patente con las 4.000 alegaciones que recibió el borrador del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, y la nueva Ley continua el modelo basado en los grandes proyectos de producción energética centralizados, con sus correspondientes impactos ambientales que pueden afectar a zonas sensibles de nuestro territorio.
Aspectos positivos: Gobernanza, equidad social y justicia
Aunque no se establezca un régimen sancionador, la Ley presenta un punto favorable al considerar el uso de la fiscalidad para brindar incentivos a las acciones que promuevan la adaptación al cambio climático o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se valora la asignación del 2,5% de los presupuestos vascos a iniciativas relacionadas con el clima, lo cual, aunque pueda parecer una cifra ajustada, representa al menos un compromiso palpable en esta área. Por otro lado, la legislación aprobada incluye la creación de un Registro Vasco de Iniciativas de Transición Energética y Cambio Climático, el cual será de acceso público y permitirá a entidades tanto públicas como privadas registrar sus acciones en materia de acción climática.
La Ley destaca la importancia de la gobernanza participativa, involucrando a la ciudadanía a través de la creación de la Oficina Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, el Comité Científico y la Asamblea Ciudadana. Además, involucra a las instituciones locales en la implementación de medidas relacionadas con la Ley.
Otro aspecto clave es su enfoque en la justicia y equidad, asegurando una distribución equitativa de costos y cargas. La Ley establece mecanismos de financiamiento y exige la participación de empresas en la acción climática. Reconoce asimismo la importancia de la perspectiva de género y la necesidad de una transición justa para todos los sectores de la sociedad.
Finalmente, otro punto favorable de la nueva normativa radica en la inclusión de la perspectiva energética y climática en los Presupuestos del Gobierno Vasco. El resto de las administraciones vascas promoverán también la integración de la perspectiva energética y climática en sus presupuestos en su fase de diseño. No obstante, la Ley nuevamente muestra limitaciones al acotar su acción a la promoción de estas perspectivas en lugar de exigir su integración obligatoria por parte de las administraciones.
Conclusión: Un primer paso en la dirección correcta, pero no lo suficientemente ambicioso
La Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi marca un primer paso hacia un futuro más sostenible y resistente. Aunque aborda cuestiones relevantes, la nueva normativa se limita a cambios poco ambiciosos, buscando no perturbar el modelo actual de producción y consumo. No obstante, para afrontar los desafíos del cambio climático, es imperativo un cambio radical en este modelo, ajustándolo a los límites biofísicos del planeta.
